Entre otros, constituyen actos de mal uso o abuso de autoridad, arrestos o detenciones legales o irrazonables; registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables; acometimiento y/o agresión injustificado o excesivo; dilación indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o detenida;  persecución maliciosa; uso de violencia injustificada, coacción física o psicológica, intimidación o prolongación indebida, sobre o de una persona arrestada o detenida, para fines de investigación; negativa del funcionario para permitir que un arrestado o detenido involuntariamente, se comunique con su familiar más cercano o abogado y utilización de evidencia falsa que vincule a una persona con la comisión de un delito.